Siete años para un gerente

Bienvenido tras la vuelta del verano. Ha habido mucho titular pero centrémonos en lo que se merece atención: el proyecto de ley de dirección pública profesional. Redacción Médica

La retórica antidedazo que ha surgido en Cataluña busca que el mandato de un gerente sea de siete años. Lo nuevo es que el cese deja de ser libre. Hoy en la mayoría de comunidades un gerente cae cuando la Consejería decide que caiga (o cuando cambia el gobierno). Con esta ley solo cae si termina el mandato, si renuncia o si suspende la evaluación de su acuerdo de gestión. Un nombramiento de 2027 cruzaría las elecciones de 2028 y las de 2032, potencialmente tres gobiernos diferentes.

En España, el 54% de los gerentes de hospital público llega por designación política directa y solo uno de cada diez pasa por concurso. En Cataluña la designación directa ya está por debajo del 15%, porque casi todos sus hospitales son consorcios y fundaciones que nombran desde su propio consejo.

¿Esto es profesionalizar o es centralizar? Probablemente las dos, y se ve mejor con un ejemplo. El Parc Taulí de Sabadell es un consorcio, un hospital que comparten la Generalitat, el Ayuntamiento y la Universitat Autònoma. A su director general lo nombra el consejo del Parc Taulí, y en ese consejo la Generalitat tiene seis de los nueve asientos, la presidencia y la propuesta del nombre. El Govern ya decidía. Lo que cambia es la forma de decidir. Hasta ahora ese consejo nombraba a quien quería, y con la ley elegirá entre tres nombres que le pase una comisión designada por el Govern. No es directamente la consejera quien decidirá, pero tampoco será del todo independiente, y eso puede ser bueno también.

A quién alcanza la ley depende de la fórmula de cada hospital, y en Cataluña conviven tres. Los del ICS, que son los del propio Govern, tienen ley propia aparte. Los consorcios, las empresas públicas y las fundaciones públicas entran de lleno. Y las fundaciones privadas y las órdenes religiosas que sostienen una parte grande de la red, como Sant Joan de Déu, se quedan fuera del todo.

En esencia, se protege del despido político, pero no queda del todo claro si del nombramiento político también. Parece mejor que lo que hay ahora, y así lo defienden SEDISA, que ha aplaudido la ley, y la Societat Catalana de Gestió Sanitària, que lleva años pidiendo que las gerencias se concursen.

Curiosamente, Madrid siguió un camino algo parecido y luego lo revirtió. Aprobó en 2017 una ley de buen gobierno que obligaba a concurso público para las gerencias, y en diciembre de 2023 la modificó para que el nombramiento y el cese de los gerentes dependan de la Dirección General del SERMAS.

Mientras tanto, el Estatuto Marco ya está en el Congreso sin los apoyos atados, y varias comunidades piden retirarlo para rehacerlo entre todos. Otras van por libre, como Euskadi con sus 75 millones solo para médicos. Y la huelga médica indefinida arranca a mediados de octubre. El Ministerio de Sanidad deja al Congreso lo que no cerró en la mesa de negociación.